Aplazar la negociación sobre financiación autonómica hasta que mejore la economía violaría la ley, sería injusto y tendría serios riesgos políticos. Cataluña no puede seguir siendo penalizada por ser solidaria
JOSÉ MONTILLA
EL PAIS - 10/05/2008
Felipe González publicó el pasado miércoles en EL PAÍS un interesante artículo titulado Crisis y prioridades, donde propone abiertamente un dilema bajo el enunciado de que, para hacer frente a la crisis económica, sería bueno aplazar la negociación sobre el nuevo modelo de financiación, para permitir que el Estado recupere capacidad inversora. Afirma que "inexorablemente, la nueva financiación producirá incrementos de gasto en sectores que lo necesitan de los servicios esenciales transferidos, pero que están desvinculados de los efectos de la desaceleración de la economía y del empleo que necesitamos recuperar". En definitiva, que como "ambos frentes no pueden ser atendidos a la vez de manera razonable, para que sea satisfactorio el resultado es mejor escalonarlos y centrarse en lo fundamental".
Un falso dilema se caracteriza por omitir las alternativas razonables sin argumentar dicha omisión. Y contraponer gasto social e inversión pública no sólo es negar la eficacia de combinar ambos factores como receta política y económica, sino que encierra algunas trampas y niega principios que creíamos consolidados. Como que la mejor inversión económica es la social, o que las comunidades (que son también Estado) son actores políticos con capacidad eficaz de inversión pública en "infraestructuras, vivienda protegida o rehabilitación de centros urbanos", porque muchas de estas competencias les han sido ya transferidas.
Nos enfrentamos a una situación económica que reclamará medidas y actuaciones severas, pero la economía española está más preparada hoy que en el pasado. También es cierto que las tensiones políticas de un proceso negociador como el que debemos afrontar pueden resultar incómodas en este momento; y reconozco que las incomprensiones del debate estatutario catalán han dejado un rescoldo de recelo preventivo hacia todo aquello que proponga Catalunya. Incomprensiones alimentadas de manera miserable por aquellos que siguen pensando que el anticatalanismo es rentable políticamente, ante la pasividad de quienes creen que el coste de hacer frente a la demagogia es demasiado alto.
Hay razones de peso contra el argumento según el cual hay que aplazar la negociación de la financiación autonómica hasta que un nuevo ciclo favorable de la economía mundial, europea y española permita abordarla en mejores condiciones.
La primera razón (sorprende tener que recordar lo obvio), es que el Estatut de Catalunya obliga a todos: a la Administración general del Estado y a la Generalitat de Catalunya. El argumento de que al ser una Ley con varios procesos pendientes de resolución en el TC debe ser considerada parcial o provisional no es admisible democráticamente. Las leyes en vigor son de obligado cumplimiento. Y el Estatut dispone que antes de agosto de 2008 se debe llegar a un acuerdo de financiación bilateral para su aplicación a partir del 2009.
Segunda razón: como ha afirmado José Luis Rodríguez Zapatero, la mayoría de los organismos internacionales, reconocen que el desarrollo económico de España en las dos últimas décadas se explica también por su importante proceso de descentralización. Que ha permitido desarrollarnos como sociedad y como economía moderna y competitiva. Más descentralización es igual a más desarrollo. Las economías más dinámicas son las más federales. Por eso hay que continuar y profundizar en este camino de éxito.
Y la tercera razón es que no podemos aplazar esta negociación porque debemos resolver una situación clamorosamente injusta. Nuestro actual sistema de financiación ya no es útil ni justo para todos. Ni es sano, ni es eficiente. Ya no redistribuye con parámetros actualizados, ni alcanza el equilibrio fiscal, ni promueve la solidaridad real. Hace años que el sistema no es justo con quienes más aportan.
Hay quien cree que esta inaplazable negociación será casi un combate. "Nos veremos las caras", dicen. Creo que es mejor que veamos los números reales, los argumentos y las razones y que, en base a ellas, encontremos un acuerdo razonable y más justo. Es comprensible que algunos pretendan mantener un estatus que les favorece aunque sea injusto con otros. Pero es del todo inaceptable que esta situación perpetúe una injusticia lacerante en la financiación que Catalunya necesita para atender los derechos y necesidades de sus ciudadanos. Ejercer la solidaridad es aportar más, pero no debe implicar recibir menos. Ciertamente pagan los individuos, pero las inversiones y los servicios se producen y se proporcionan en los territorios. ¿Qué sentido tiene defender el superávit del Estado si éste se produce a expensas del déficit de las administraciones autonómicas y locales? Máxime en una situación de desaceleración económica. ¿Qué sentido tiene situar un porcentaje mínimo de gasto público reservado al Estado sin atender las necesidades de gasto de las Comunidades Autónomas en función de las competencias que tienen encomendadas?
¿Quién teme cumplir una ley orgánica española como el Estatut? ¿Quién teme resolver los problemas de financiación de Catalunya y, a través de ella, abordar un nuevo marco de financiación más justo y equilibrado? ¿No es la justicia social nuestra divisa? ¿Desde cuándo la justicia es un obstáculo para la cohesión territorial?
No podemos pretender que nadie se sienta cómodo siendo solidario si su solidaridad acaba por penalizarle. No es aceptable que la solidaridad que se reclama a Catalunya perjudique los derechos de los catalanes. El riesgo es grande, porque podría acarrear el desafecto con la política española y la certeza de que un sistema considerado injusto debe ser sustituido. Y de ahí a la reivindicación del concierto económico (éste sí, por naturaleza, insolidario) o a la consolidación de fenómenos como la Liga Norte italiana, sólo habría un paso.
Existe todavía otro riesgo: si Catalunya pierde su capacidad competitiva y su capacidad de garantizar la cohesión social, puede quedar atrapada entre una España que no la atiende (ni entiende) y un futuro de progreso al que no podría llegar por falta de recursos, inversiones e infraestructuras. ¿Interesa esta situación a alguien? Por supuesto que a nadie razonable. Y seguro que a nadie que se diga socialista.
Los ejes de la propuesta que defendemos consisten en aumentar nuestra capacidad de suficiencia financiera, nuestra capacidad normativa y nuestra capacidad de gestión tributaria. Y, especialmente, asociar la mayor contribución fiscal de los ciudadanos de Catalunya a la necesaria solidaridad con el resto de las Comunidades Autónomas; pero estableciendo un nuevo mecanismo de nivelación que permita revertir parte de dicha contribución fiscal en el desarrollo de la propia sociedad catalana. Distinguiendo, por una parte, los recursos destinados a financiar los servicios esenciales del Estado del Bienestar que garantizan la igualdad entre todos los españoles (educación, sanidad y servicios sociales) y, por otra parte, el resto. Además, el nuevo sistema deberá tener en cuenta la población como variable básica, rectificada por el cálculo de la inmigración y el diferencial de costes de precios. Quizás sea bueno recordar aquí, por ser ejemplo muy ilustrativo, que Catalunya tiene tantos pobres (según el último informe de Cáritas) como habitantes tiene alguna comunidad autónoma.
Creo que atender nuestros argumentos y demandas es conveniente por razones políticas, institucionales e históricas. No hace falta que insista en el riesgo de desafección si los ciudadanos de Catalunya no sienten que el Estado y, en su conjunto, la política española atiende, comprende y apuesta por hacer frente a las necesidades de Catalunya. La solidaridad no puede acabar perjudicando a quienes más la practican, porque entonces deviene abuso. Ahora es Catalunya la que necesita los recursos. ¿Le vamos a negar lo que hemos reclamado y obtenido para las demás? Ha llegado el momento de hablar claro, de ser sinceros. Sólo desde las razones y los argumentos, sólo así, y no planteando falsos dilemas, podemos construir futuros compartidos. La España democrática, plural y federal debe ser la solución para todos sus pueblos y la mejor garante de los derechos de todos sus ciudadanos. Si España deja de interesar y convenir a todos, no será de todos. Esa es la cuestión y ése es el riesgo. Es tan claro como el agua que nos falta.
No vamos a cansarnos de explicar lo evidente. La decepción por tanta incomprensión anticatalana es una tentación, pero nuestra responsabilidad es convencer de la utilidad, conveniencia y urgencia de resolver la financiación de Catalunya. Nos la jugamos todos. Catalunya puede negociar, sí; pero ya no puede esperar más. Y, sobre todo, no puede aceptar que se le diga que "Ara no toca".
José Montilla es presidente de la Generalitat de Catalunya.
